Cartas Circulares O.Romero

En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.

       A la Red SICSAL (# 146):14 de junio de 2022

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero. 

            A solicitud de la Universidad católica de Lovaina-La-Nueva de Bélgica firmamos una carta dirigida a la Unión europea en relación con Colombia.

Aquí van los fragmentos más importantes: 

          (foto: miembros ex-FARC 2018)

A un año del inicio del paro nacional, a más de 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y a 10 años de la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para  las y los defensores de derechos  humanos  y ambientales,  dirigentes  de organizaciones sindicales o dirigentes de comunidades indígenas y afrocolombianas. La implementación del Acuerdo de Paz, firmado en agosto de 2016, se atascó debido a la falta de voluntad por parte del gobierno colombiano, pero también a un contexto internacional que no ha hecho un balance de las realidades en el terreno.  La UE, que, por un lado, ha apoyado el proceso de paz, está promoviendo, por otro lado, un modelo comercial que alimenta la violencia.  En un momento en que la guerra en Ucrania está cuestionando sus propios valores, Europa puede volver a convertirse en un verdadero actor de la paz en Colombia, siempre que se aclare su acción. Ha llegado el momento de elegir.

(foto:Vatican News)

Un comercio global que sopla sobre las brasasDesde los años 1990, Colombia ha intensificado su integración en el comercio mundial al acentuar la “reprimarización” de su economía a través de su dependencia de la exportación de productos mineros, petroleros y agroexportadores. Este modelo ha estructurado una “economía de guerra” que permite a los grupos armados financiar sus actividades a través del control territorial de áreas ricas en materias primas. Uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era poner fin a esa situación. La UE lo ha apoyado plenamente, en particular desde el punto de vista financiero y logístico. Pero creía que podía hacerlo sin cuestionar el modelo económico, pensando por el contrario que debía facilitar la inversión, especialmente en zonas abandonadas por la guerrilla, y que debía ser una oportunidad para una mayor apertura de la economía colombiana al comercio mundial. Esto fue un error: en una sociedad profundamente desigual, donde la violencia armada siempre ha forjado un vínculo específico con los problemas socioeconómicos, esta apertura solo ha soplado sobre las brasas. Sin quererlo, la UE ha  dado mucho que hablar a todos aquellos que han aprovechado la oportunidad de esta internacionalización para acentuar, en el terreno, la lucha por el acceso a los recursos naturales y promover lógicas de enriquecimiento basadas en la violencia. Pero esto sin contar con una sociedad civil que, aunque profundamente afectada, en particular por considerables desigualdades, ha experimentado movilizaciones populares ejemplares en los últimos año.’

¿Qué debería hacer la UE?  

  1. Salir de la ambigüedad. La UE debe dar la espalda a la ambigüedad que caracteriza su acción en la región. Si quiere ponerse del lado de la paz y defender los derechos fundamentales en todas partes, debe asumir las consecuencias, incluidas las económicas, para su propia acción. Paradójicamente, la guerra en Ucrania le brinda la oportunidad de hacerlo: la UE debe tomar decisiones y asumirlas en todo el mundo.
  2. Considerar las sanciones. En esta perspectiva, la UE debe actuar con mucha más firmeza: debe implementar un proceso de sanciones contra las autoridades colombianas, hasta incluyendo la suspensión de los beneficios del Acuerdo comercial. Estas suspensiones podrían ser adaptadas de acuerdo a los sectores y/o actores afectados por la violación de los derechos fundamentales, para no penalizar a la población colombiana en general.  Además, el Acuerdo comercial debe renegociarse para que su capítulo sobre el desarrollo sostenible sea verdaderamente vinculante.
  3. Cumplir con el deber de vigilancia. Otra contribución podría provenir de la adopción de una ambiciosa directiva de la UE sobre el deber de vigilancia[1]. De este modo, la UE podría hacer una contribución mucho más sustancial al respeto de los derechos humanos y medioambientales. También debe permitir que las personas o colectivos, víctimas de estas violaciones, tengan acceso a mecanismos de reparación.’ 

[1] La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva el 23 de febrero de 2022, pero todavía hay muchos vacíos.  

Hasta aquí esta misiva, Con saludos fraternales, Guido  De Schrijver

A la Red SICSAL (# 145) : junio de 2022

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

            Firmamos el 13 de junio un llamado de la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva de Bélgica.

            Aquí van los fragmentos más importantes del llamado:   

Quiere (realmente) la UE la paz en Colombia?

A un año del inicio del paro nacional, a más de 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y a 10 años de la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para  las y los defensores de derechos  humanos y ambientales, dirigentes de organizaciones sindicales o dirigentes de comunidades indígenas y afrocolombianas. La implementación del Acuerdo de Paz, firmado en agosto de 2016, se atascó debido a la falta de voluntad por parte del gobierno colombiano, pero también a un contexto internacional que no ha hecho un balance de las realidades en el terreno.  La UE, que, por un lado, ha apoyado el proceso de paz, está promoviendo, por otro lado, un modelo comercial que alimenta la violencia.  En un momento en que la guerra en Ucrania está cuestionando sus propios valores, Europa puede volver a convertirse en un verdadero actor de la paz en Colombia, siempre que se aclare su acción. Ha llegado el momento de elegir. 

Un comercio global que sopla sobre las brasas

Desde los años 1990, Colombia ha intensificado su integración en el comercio mundial al acentuar la “reprimarización” de su economía a través de su dependencia de la exportación de productos mineros, petroleros y agroexportadores. Este modelo ha estructurado una “economía de guerra” que permite a los grupos armados financiar sus actividades a través del control territorial de áreas ricas en materias primas. Uno de los objetivos del Acuerdo de Paz era poner fin a esa situación. La UE lo ha apoyado plenamente, en particular desde el punto de vista financiero y logístico. Pero creía que podía hacerlo sin cuestionar el modelo económico, pensando por el contrario que debía facilitar la inversión, especialmente en zonas abandonadas por la guerrilla, y que debía ser una oportunidad para una mayor apertura de la economía colombiana al comercio mundial. Esto fue un error: en una sociedad profundamente desigual, donde la violencia armada siempre ha forjado un vínculo específico con los problemas socioeconómicos, esta apertura solo ha soplado sobre las brasas. Sin quererlo, la UE ha  dado mucho que hablar a todos aquellos que han aprovechado la oportunidad de esta internacionalización para acentuar, en el terreno, la lucha por el acceso a los recursos naturales y promover lógicas de enriquecimiento basadas en la violencia. Pero esto sin contar con una sociedad civil que, aunque profundamente afectada, en particular por considerables desigualdades, ha experimentado movilizaciones populares ejemplares en los últimos años. 

¿Qué debería hacer la Unión europea? 

  1. Salir de la ambigüedad. La UE debe dar la espalda a la ambigüedad que caracteriza su acción en la región. Si quiere ponerse del lado de la paz y defender los derechos fundamentales en todas partes, debe asumir las consecuencias, incluidas las económicas, para su propia acción. Paradójicamente, la guerra en Ucrania le brinda la oportunidad de hacerlo: la UE debe tomar decisiones y asumirlas en todo el mundo.
  2. Considerar las sanciones. En esta perspectiva, la UE debe actuar con mucha más firmeza: debe implementar un proceso de sanciones contra las autoridades colombianas, hasta e incluyendo la suspensión de los beneficios del Acuerdo comercial. Estas suspensiones podrían ser adaptadas de acuerdo a los sectores y/o actores afectados por la violación de los derechos fundamentales, para no penalizar a la población colombiana en general.  Además, el Acuerdo comercial debe renegociarse para que su capítulo sobre el desarrollo sostenible sea verdaderamente vinculante.
  3. Cumplir con el deber de vigilancia. Otra contribución podría provenir de la adopción de una ambiciosa directiva de la UE sobre el deber de vigilancia. De este modo, la UE podría hacer una contribución mucho más sustancial al respeto de los derechos humanos y medioambientales. También debe permitir que las personas o colectivos, víctimas de estas violaciones, tengan acceso a mecanismos de reparación. Hasta aquí esta misiva, Con saludos fraternales, Guido  De Schrijver

A la Red SICSAL (# 144) :8 de abril de 2022

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

◙ Visita a Bernardo Caal Xol en la cárcel

            Decimos y escribimos  jueves 17 de marzo de 2022, Edgar de León, abogado defensor,  me recoge en la capital de Guatemala, para dirigirnos al norte de Cobán, recientemente declarado “zona roja”. 

Aparcamos el coche frente a la entrada de la prisión preventiva. Sobre la obstinada puerta metálica de entrada hay un toldo para mantener semisecos a los ansiosos visitantes durante la temporada de lluvias. Sobre la chapa ondulada de zinc, roída por el óxido, un trozo de madera destrozada como la de un barco en descomposición. 

Edgar me anunció en la recepción armada como “observador europeo de derechos humanos”. Las cámaras no estaban permitidas. Y luego a dirigirnos hacia el gallinero de un lado de las vallas metálicas. Insultarse, atravezar el patio, mostrar tatuajes y sobre todo, me parece, librar una batalla titánica contra la inmovilidad del tiempo. 

Bernardo fue llamado al espacio abierto desde algún lugar profundo. Nos dimos una mano – esperemos libre de Covid. Era visiblemente consciente de que su enésima historia repetida sonaba como un disco de vinilo gastado.

Meses hace, Bernardo hizo una apuesta. La última gota: la Corte Constitucional. Con la  consecuencia que entretanto aún no había un veredicto final: ¿confirmación de la sentencia impuesta o absolución? Y mientras tanto, siguió en prisión preventiva. En el peor de los casos, sería condenado definitivamente. 

¿En el mejor de los casos? El sabe muy bien que las autoridades judiciales han sido tomadas una tras otra por individuos corruptos o incluso mafiosos.  

            Después de una hora y media de hablar de ida y  vuelta, de pie, nos despedimos. 

Bernardo había sido informado de nuestra llegada con antelación y había redactado una carta de agradecimiento, que me entregó. ‘Siempre insistiendo en lo mismo’, dijo, ‘más no se me permite aquí’. 

Le prometí que visitaría a su esposa Isabel Matzir en Chimaltenango en los próximos días y que le daría un modesto apoyo financiero. Durante la conversación, vi a una mujer q’eqchi’ vendiendo bocadillos a través de los bares. ¿Y?”, le pregunté al abogado en el camino de vuelta. “La comida de la institución es a veces incomible. A veces se sirve incluso la comida ya pasada.” 

“Hoy he recibido la visita de Guido De Schrijver, de Bélgica. Le he agradecido personalmente el Premio que Guatebelga me ha concedido. Y le pido que transmita mi agradecimiento a los amigos de Guatebelga. Seguiremos persiguiendo la justicia, seguiremos diciendo la verdad. Sabemos que un día veremos el rostro de la justicia. Seguimos denunciando la desaparición de los religiosos de Bélgica, un caso ocurrido en Guatemala en los años 80. Los responsables de la muerte de muchos religiosos deben ser llevados ante la justicia. Eso dará paz a las familias cuando sepan la verdad. Por lo tanto, el pueblo de Guatemala no debe descansar en su lucha y debe seguir luchando para que la verdad salga a la luz. Gracias a las organizaciones internacionales que acompañan la lucha del pueblo maya q’eqchi’. Obtendremos justicia. 

Bernardo Caal Xol. Saludos

He sido criminalizado en Guatemala, he estado encarcelado durante cuatro años.”

◙ Bernardo Caal Xol de gira

En Prensa Comunitaria leímos:

‘La liberación de Caal Xol estará sujeta a tres condiciones, ya que aún no ha cumplido su condena de 7 años y 4 meses. La primera es que debe permanecer en su domicilio; la segunda es que si cambia de residencia, debe ser con el permiso del juez; y la última es que no debe delinquir hasta que haya cumplido su condena el 29 de mayo de 2025.’

Sin embargo, desde su liberación, estas restricciones no le han impedido visitar algunas “aldeas” y caseríos que le acogieron con ovación.

Será difícil saber hasta qué punto la solidaridad nacional y sobre todo la internacional, haya aumentado la presión sobre las autoridades para que dejaran libre a Bernardo.

 En los muros de las calles de la capital descubrí rastros de la protesta popular ante el encarcelamiento de Bernardo. De hecho, al salir él lamentó que cuatro compañeros (desconocidos ante el público nacional e interacional) permanecieran en prisión.

Por otro lado a nivel internacional se ha movido cielo y tierra para liberarlo. 

La Red europa de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) y EU-LAT Network  han contribuido mucho (grupo Ad-Hoc, etc…) para lograr la meta.

 

Marielos Monzón escribió en Prensa Libre:

“Como no se trata de hacer justicia, sino de quebrar la resistencia de la comunidad y dar una ‘lección’ ejemplar sobre lo que puede suceder a quienes se oponen a los megaproyectos y defienden los recursos naturales de su territorio, no hacen falta pruebas ni una acusación suficientemente fundamentada. Así funciona la criminalización en Guatemala, que no es otra cosa que la utilización del derecho penal como instrumento de persecución y castigo de quienes son “molestos” frente a los intereses de los grupos de poder político y económico. “

‘Un detalle no menor es que el encarcelamiento y procesamiento de Bernardo Caal se produjo en 2017 – dos años después del supuesto robo de equipos y detención de empleados de la empresa – luego de que la Corte Suprema declarara la suspensión provisional del proyecto Oxec y el Tribunal Constitucional ordenara la realización de una consulta – previa, libre e informada – en las comunidades afectadas por el desvío del río Cahabón.  

Y la audacia de enfrentarse a los poderosos, en un país como el nuestro, se castiga con la cárcel. Por lo tanto, me gustaría unirme a esta columna una vez más y decir: Defender la vida no es un crimen. Defender el agua no es un delito”. 

“La condena del líder q’eqchi es un claro intento de silenciar y desacreditar el legítimo ejercicio de los derechos de la comunidad indígena.” 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

◙ Encuentro con un Bernardo libre

Durante la actividad del ‘Grupo Ad-Hoc para su liberación’ intentamos que un médico independiente entrara en la prisión y examinara su salud. Pero esto fue rechazado cada vez de nuevo. La respuesta que obtuvimos fue: los médicos adscritos a la prisión son suficientes. Ahora el tratamiento adecuado estaba a la vista.  Me lo encontré en las oficinas de MadreSelva, que forma parte del grupo Ad-Hoc. Se le hizo un chequeo médico completo.

 Después, pude saludarle allí mismo. Estaba lleno de valor y entusiasmo para seguir adelante.

Con saludos fraternales             

Guido  De Schrijver  – Grupo belga ‘Solidair met Guatemala

Organización-miembro  de EU-LAT Network y de la Red europea de Comités Oscar Romero Comités

A la Red SICSAL (# 143) : 23 de febrero de 2022

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero. Nos adherimos a un llamdo a petición de OIDHACO dirigdo a la Unión europea. Aquí va el texto.

Josep Borrell Fontelles,

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Eamon Gilmore,

Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y Enviado Especial de la  Unión Europea para el proceso de Paz en Colombia.

Javier Niño,

Director Ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea.

Distinguidos Señores:

            Como es de su conocimiento, Colombia sigue siendo el país con la tasa más alta de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. El historial de graves violaciones a los derechos humanos ha sido incluso reconocido por parte del Gobierno de Colombia, con un escalamiento alarmante solo al inicio de 2022 de por lo menos 19 masacres y 22 personas líderes y lideresas sociales asesinadas. 

Josep Borrell Fontelles,

Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Eamon Gilmore,

Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y Enviado Especial de la  Unión Europea para el proceso de Paz en Colombia.

Javier Niño,

Director Ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea.

Distinguidos Señores:

            Como es de su conocimiento, Colombia sigue siendo el país con la tasa más alta de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. El historial de graves violaciones a los derechos humanos ha sido incluso reconocido por parte del Gobierno de Colombia, con un escalamiento alarmante solo al inicio de 2022 de por lo menos 19 masacres y 22 personas líderes y lideresas sociales asesinadas. 

            En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil europea abajo firmantes, lamentamos profundamente que en las dos declaraciones públicas emitidas tras el VII Diálogo de Alto Nivel y el XIII Diálogo de DDHH entre la Unión Europea y Colombia, se omita cualquier crítica a la crisis existente de derechos humanos en Colombia.

            Si bien la cooperación europea con Colombia con respecto al cambio climático y al pacto verde es importante, esta no se podrá implementar si la Unión Europea desconoce, por completo, las preocupaciones reiteradamente transmitidas a la Unión Europea por su sociedad civil en materia de graves y persistentes violaciones de derechos humanos en Colombia, con una clara responsabilidad del Estado por omisión de medidas de protección a su población.Los dos textos también obvian las graves crisis humanitarias y ambientales que afectan a la mayoría de los territorios del país, con impactos diferenciales en los pueblos indígenas, afrodescendientes y en las mujeres. A la vez, en ningún caso se mencionan informes o recomendaciones de expertos/as independientes como de las Relatorías Especiales y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, como también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dichas omisiones son especialmente graves ya que se producen en medio de la época electoral con cifras exorbitantes de asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños y niñas y violencia sexual. Existen además múltiples denuncias de abusos cometidos por parte de fuerzas estatales, así como su connivencia con grupos armados ilegales que involucran a altos cargos del Estado. 

            En apoyo a las víctimas, la Unión Europea debería haber resaltado la importancia del cabal cumplimiento por parte del Estado colombiano del derecho internacional de los derechos humanos, y pedir al gobierno una apuesta real a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Además, en la coyuntura actual, la Unión Europea debería haber emitido, por lo menos, un llamado a la contención en la crisis en los territorios, con respecto a la responsabilidad del Estado colombiano y el deterioro del Estado de Derecho y, haber llamado a la prevención y protección tan urgente de los derechos fundamentales de la población colombiana, tomando en cuenta las preocupaciones transmitidas en múltiples oportunidades por la sociedad civil europea y colombiana.

            Contrariamente a esto, las dos declaraciones representan una legitimación de las políticas gubernamentales y con ello, de las persistentes y sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

            Por todo lo expuesto, les instamos a incluir estas preocupaciones en sus nuevas comunicaciones o declaraciones.   

 Agradecemos de antemano la atención.

(Nota: las fotos las añadi yo: OVE y Mov. Nac. Víctimas de Crímenes de estado)

Hasta aquí esta misiva, Con saludos fraternales, Guido  De Schrijver           

       A la Red SICSAL (# 142) : 1 de febrero de 2022

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.            Nos adherimos ( 01/02) a una Carta Abierta –  a solicitud de Christliche Initiative Romero (CIR) de Münster, Alemania – dirigida a la Unión europea:

CARTA ABIERTA A LA UNIÓN EUROPEA

La importancia de los derechos ambientales para la Gobernanza Empresarial Sostenible de la Unión Europea 

Estimada Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen,

Estimada Vice-Presidenta Věra Jourová,

Estimado Comisario Didier Reynders,

Estimado Comisario Thierry Breton,

La Unión Europea está actualmente elaborando una gobernanza empresarial sostenible sobre los deberes de las empresas en cadenas de suministro responsables. Esta pretende obligar a las empresas europeas a cumplir con su debida diligencia en sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales, analizando los riesgos y llevando a cabo medidas para prevenir y reparar violaciones a los derechos humanos y estándares medioambientales. Las organizaciones abajo firmantes creemos que esta medida es una oportunidad importante para contribuir a evitar graves impactos que se dan en la producción de materias primas para el mercado europeo. Para lograr esto, es necesario que la regulación se aplique a toda la cadena de suministro, introduzca responsabilidad civil y que sea vigente para todas las empresas que operan en sectores de riesgo. En materia de derechos ambientales, el Acuerdo de Escazú da una pauta para la aplicación de la regulación a los sectores minero y agroindustrial. Por lo tanto, exhortamos a la Unión Europea a incluir los principios de este valioso acuerdo en la regulación.

La extracción de minerales como litio, cobre, oro o níquel así como los grandes monocultivos agroindustriales contribuyen enormemente a la destrucción de la biodiversidad en los países del sur global. Como consecuencia, muchas comunidades rurales e indígenas están perdiendo sus medios de subsistencia de manera acelerada. Además, estos megaproyectos causan conflictos sociales y graves violaciones a los derechos humanos. La organización Global Witness advierte cada año que una gran cantidad de personas defensoras de la tierra son asesinadas a raíz de conflictos relacionados con estos proyectos. En muchos casos, las empresas establecen proyectos extractivos y de monocultivos con el apoyo de redes de corrupción gubernamental y sin consultar debidamente a las poblaciones afectadas de manera previa, libre e informada. Cuando las comunidades afectadas protestan contra estos proyectos, estas son frecuentemente reprimidas violentamente por cuerpos de seguridad y criminalizadas por órganos del sistema judicial en estos países. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos en estas comunidades, conocemos muy bien el dolor humano que estos conflictos generan.

La Unión Europea es uno de los consumidores más grandes de materias primas. Por lo tanto, como organizaciones ambientales y de derechos humanos tenemos claro que la Unión Europea tiene la responsabilidad de mitigar y prevenir estos impactos, promoviendo patrones de producción y consumo responsables y obligando a las empresas a cumplir con la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos.

Es particularmente importante que la regulación se refiera y apoye a convenios internacionales que buscan alcanzar estos objetivos. Uno de estos instrumentos más innovadores es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en América Latina y el Caribe en abril de 2021. El acuerdo regional tiene como objetivo garantizar el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, fortaleciendo el ejercicio de los derechos de comunidades involucradas en conflictos medioambientales. Actualmente, el convenio ha sido ratificado ya por 12 países y tiene a su base en cuatro pilares centrales:

  • el acceso a la información ambiental
  • la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
  • el acceso a la justicia en asuntos ambientales
  • la protección de personas defensoras de derechos humanos

Consideramos estos principios claves para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro y la producción de materias primas no solo en América Latina y el Caribe, sino también en países de otras regiones donde operan empresas extractivas y agroindustriales. El Acuerdo de Escazú y sus principios deben ser integrados en la lista de estándares internacionales que las empresas deben cumplir como parte de las medidas de debida diligencia prescritas en la regulación.

El cumplimiento de estos estándares debe ser condición mínima para que empresas europeas establezcan relaciones comerciales con empresas locales que operan minas, monocultivos, hidroeléctricas y otros megaproyectos. De esa manera, la Unión Europea apoyaría a los países latinoamericanos en sus esfuerzos de construir sistemas económicos más sostenibles y sociedades más democráticas. Finalmente, una referencia al Acuerdo de Escazú estaría en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Convención de Aarhus. 

Atentamente, Con saludos fraternales, Guido  De Schrijver

A la Red SICSAL (# 141):11 de octubre de 2021

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

            Nos adherimos (8 de octubre) a un llamado de ‘Guapinol Inocente’ para intentar que el estado de Honduras no sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

            ‘Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes denuncian la postulación del Estado hondureño para ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Honduras, uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, no tiene legitimidad para implementar un mandato de “Promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo”. Aunque el Estado hondureño forma parte de una candidatura de “lista cerrada”, instamos a los Estados votantes a dejar la papeleta en blanco cuando se trata de Honduras, un Estado manifiestamente no cualificado para el escaño, como símbolo contra la dictadura que no respete las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que no colabore plenamente con el Consejo.             Desde hace años, Honduras está plagado de asesinatos, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones contra quienes defienden valientemente sus derechos. Frente a la grave situación de derechos humanos, la CIDH ha presentado tres informes sobre el país en 2009, 2015 y 2019, en los cuales identifica la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, debido a la existencia de una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. 

            De otro lado, ha habido poco movimiento en las recomendaciones hechas por el Exrelator Especial para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Michel 

Forst, tras su visita a Honduras en 2019, y la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas defensoras no ha disminuido. 

            Por el contrario, las leyes regresivas, incluyendo profundos cambios en el código penal, han servido para profundizar la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras, sus comunidades y sus familias. Antes de las elecciones al Consejo de Derechos Humanos que tendrán lugar el 14 de octubre, Amnistía Internacional y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos celebraron un acto de compromiso para los Estados candidatos. Durante el evento, nos sorprendió que Honduras se comprometiera a cooperar con la sociedad civil y los Estados de todas las regiones, cuando este mismo año, lejos de respetar la voluntad y el espíritu de la ONU de proteger y promover los derechos humanos, 

Honduras incumplió la Resolución Opinión núm. 85/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, relativa a José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz, conocidos como los defensores de Guapinol, la cual instó al Estado a liberar inmediatamente a los ocho defensores del agua que llevan más de 25 meses detenidos arbitrariamente. El Estado hondureño no sólo no implementó la resolución, sino que desde entonces ha prolongado sin motivo la detención arbitraria de los defensores que luchan para defender el agua de su comunidad ante proyectos mineros en el parque nacional Carlos Escaleras.

Este 14 de octubre, los Estados miembros de la ONU no deben promocionar a Honduras, sino que deben posicionarse contra la dictadura que durante años ha actuado contra su propio pueblo y sus derechos.’

Hasta aquí esta misiva        Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver

                        

           

           

           

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