En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.
A la Red SICSAL (# 154) : 1 de marzo de 2023
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.
Nos adherimos (27/02) a una solicitud de Franciscans International, Protection International Mesoamérica, la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, y otras organizaciones, en el contexto de las actividades del 52° Consejo de Derechos Humanos de la ONU para visibilizar la situación de derechos humanos en Guatemala.
Solicitud para las adhesiones:
En el marco del 52 Consejo de Derechos Humanos, hemos elaborado una declaración para poner de relieve la situación de los derechos humanos en Guatemala.
En el texto, pedimos al Consejo que inste a Guatemala a garantizar la indepen- dencia judicial, a prevenir e investigar los ataques contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia, a garantizar un proceso electoral transparente y a evitar que la situación de los derechos humanos se deteriore en el país.
Hacemos un llamamiento a su organización para que se sume a este esfuerzo rellenando el formulario que figura a continuación. Estaremos recibiendo firmas hasta el domingo 5 de marzo. Gracias por tu solidaridad y apoyo.
Declaración:
protesta ante el encarcelamiento de
José Ruben Zamora, director
de ElPeriódico)
Saludamos el informe sobre las actividades de la Oficina del Alto Comisionado en Guatemala. Esto en un contexto de crisis de derechos humanos y del Estado de Derecho, agravada por el debilitamiento y cooptación de las instituciones públicas. En Guatemala existe una práctica generalizada de criminalización y hostigamiento a defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, muchos de los cuales se encuentran actualmente en el exilio o en prisión. Según UDEFEGUA, el número de agresiones en 2022 ascendió a más de dos mil casos, lo que representa el doble en comparación con 2020 y 2021; y cuatro veces más que en 2019. La falta de políticas públicas para proteger a los defensores y la emisión de leyes restrictivas como el Decreto 4-2020, que regula a las ONG, han propiciado un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos, además de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contextos de protestas pacíficas y desalojos forzosos, en ocasiones bajo el uso de estados de excepción, sin observar los estándares internacionales. El Consejo debe actuar colectivamente y actuar ya para instar a Guatemala a garantizar la independencia judicial, a prevenir e investigar los ataques contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia, y a garantizar un proceso electoral transparente. Hoy más que nunca, este Consejo debe hacer uso de su papel preventivo antes de que la situación de los derechos humanos en Guatemala alcance un punto de no retorno.
(Texto original:)
Statement
We welcome the report on the activities of the Office of the High Commissioner in Guatemala. This in a context of human rights and the rule of law crisis, aggravated by the weakening and co-optation of public institutions. In Guatemala, there is a widespread practice of criminalization and harassment of human rights defenders and independent justice operators, many of whom are currently in exile or in prison. According to UDEFEGUA, the number of attacks in 2022 rose to more than two thousand cases, which represents double compared to 2020 and 2021; and four times higher than in 2019. The lack of public policies to protect defenders and the issuance of restrictive laws such as Decree 4-2020, which regulates NGOs, have fostered a hostile environment for the defense of human rights. In addition, there has been an excessive and disproportionate use of force in contexts of peaceful protests and forced evictions, sometimes under the use of states of emergency, without observing international standards. The Council must act collectively and act now to urge Guatemala to guarantee judicial independence, to prevent and investigate attacks against human rights defenders and justice operators, and to guarantee a transparent electoral process. Today more than ever, this Council must use its preventive role before the human rights situation in Guatemala reaches a point of no return.
Hasta aquí esta misiva Con saludos fraternales Guido De Schrijver
A la Red SICSAL (# 153) : 16 de febrero de 2023
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero. Nos adherimos (15 de febrero) a la siguiente solicitud:
La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.
Ejemplos: Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido al fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayuu. Este fallo, suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región.
Otro ejemplo de este abuso de poder de las trasnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Al día de hoy, sin embargo, no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo. Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno:
- Iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el “mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado” (SCIE). De esta forma, es posible rescatar la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos.
- Denunciar el Convenio del SCIE y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado.
- No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE.
- Entrar en una moratoria antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión.
- Centrar sus esfuerzos en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios.
Hasta aquí esta misiva Con saludos fraternales Guido De Schrijver
A la Red SICSAL (# 152): 13 de febrero de 2023
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.
A solicitud del equipo ‘The Labour Friends of Progressive Latin America team’ en Londres nos adherimos (09/02) a un llamado de solidaridad con la lucha por la democracia en Perú.
“Nosotros, los abajo firmantes, nos solidarizamos con las protestas por la democracia en Perú – entre las que se encuentran comunidades indígenas, sindicatos, grupos de mujeres, activistas medioambientales y muchos otros – y condenamos la feroz represión de los manifestantes por parte del actual régimen dirigido por Dina Boluarte. Medio centenar de peruanos de zonas rurales han sido asesinados en menos de cuarenta días desde que el nuevo régimen asumió el poder. La violencia estatal debe cesar y hay que poner fin a más muertes y heridos. Los manifestantes piden nuevas elecciones lo antes posible, la liberación del encarcelado ex-presidente Castillo, elegido en 2021, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para hacer de Perú una verdadera democracia. Nos unimos a las crecientes voces internacionales que apoyan la petición de justicia para todos los manifestantes muertos, heridos o criminalizados simplemente por apoyar la democracia.”
Texto original:
Solidarity with the Struggle for Democracy – Add Your Name!
We, the undersigned, stand with the protests for democracy in Peru – whose numbers include indigenous communities, trade unions, women’s groups, environmental activists and many others – and condemn the vicious repression of protestors by the current regime led by Dina Boluarte. Half a hundred Peruvians from rural areas have been killed in less than 40 days since the new regime took power. State violence must stop and an end must be put to more deaths and injuries taking place. The protestors are calling for new elections as soon as possible, the freeing of imprisoned former President Castillo, who was elected as recently as 2021, and the convening of a Constituent Assembly to make Peru a real democracy. We join growing international voices in supporting the call for justice for all protestors killed, injured or criminalised simply for supporting democracy.
Hasta aquí esta misiva, Con saludos fraternales Guido De Schrijver
A la Red SICSAL (# 151): 15 de noviembre de 2022
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.
En Medellín 2018 (50 aniversario de la Segunda Conferencia Episcopal de America Latina) escuchamos los testimonios de defensores colombian@s del Movimiento Ríos Vivos.
Hasta el día de hoy siguen luchando. A solicitud del movimiento nos adherimos (14/nov.) a su llamado:
(En una carta abierta, un grupo de más de 25 organizaciones internacionales ha expresado su grave preocupación por las amenazas a las que se enfrentan la personas defensoras de los derechos humanos que forman parte del Movimiento Ríos Vivos y que lideran una poderosa lucha contra la presa de Hidroituango. Los 25 grupos piden a las autoridades nacionales y locales colombianas que garanticen que las comunidades locales y las personas defensoras puedan protestar y llevar a cabo su trabajo de derechos humanos de forma segura, sin temor a represalias.
Situada en el noroeste del departamento de Antioquia, en el río Cauca, la presa de Hidroituango es un megaproyecto desarrollado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Ha causado graves daños ambientales, sociales, económicos y culturales en el territorio y las comunidades locales, a pesar de las graves represalias a las que se enfrentan (incluyendo amenazas, criminalización e incluso asesinatos), se han opuesto valientemente al proyecto desde 2010.
La situación es especialmente arriesgada en este momento, ya que la empresa quiere evacuar a la población mientras realiza pruebas técnicas en el lugar: las comunidades locales temen el impacto devastador de estas pruebas, realizadas sin la necesaria evaluación técnica y sin proporcionar información a las comunidades locales.)
A continuación, el texto de la carta.
Señores/as:
EPM (Jorge Andrés Carrillo Cardoso y Junta Directiva)
Sociedad Hidroituango SA ESP (Gerente Javier Darío Toro y Junta Directiva)
Gobernador de Antioquia (Gobernador Anibal Gaviria)
Alcalde de Medellín (Alcalde Daniel Quintero Calle)
Deben respetarse los derechos de las y los manifestantes en la acción de movilización y protesta social del Movimiento Ríos Vivos del 15 de noviembre y en adelante.
El Movimiento Ríos Vivos es una organización reconocida y muy respetada internacionalmente por su defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos en Colombia. Su presidenta Milena Florez, el líder Genaro Graciano y la lideresa Rudy Estela Posado Mazo entre otros miembros, son personas muy cercanas a nuestras organizaciones. Algunos miembros han participado en Programas de Protección de personas defensoras donde han podido profundizar sobre la causa que defienden y para las organizaciones firmantes son un ejemplo a seguir.
Nos dirigimos a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a los responsables económicos de este proyecto para que garanticen la seguridad y la vida de cada una de las personas del movimiento que se manifiestan sobre el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Concretamente para que se respete el derecho a la protesta pacífica de oposición a la instalación del proyecto y su funcionamiento, que se llevará a cabo a partir del 14 de noviembre en la ciudad de Medellín. Igualmente solicitamos a todas las autoridades que garanticen que no habrá represalias durante la manifestación ni en el retorno a los territorios una vez terminada la protesta, y que se proteja la vida de cada uno de los miembros del movimiento y sus familias.
¡Aguas para la vida, No para la muerte!
Hasta aquí esta misiva Con saludos fraternales Guido De Schrijver
A la Red SICSAL (# 150): 5 de noviembre de 2022
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa).
Nos adherimos (3 de noviembre) a la campaña Quito Sin Minería, a solicitud de CATAPA.
El contexto
La campaña Quito Sin Minería fue lanzada en marzo de 2022 por un grupo de organizaciones, colectivos y personas de Quito que quieren defender el Distrito Metropolitano de Quito (MDQ) y la región del Chocó Andino de la minería. La campaña pretendió recoger alrededor de 400.000 firmas antes de la fecha límite del 30 de octubre (el doble del 10% del censo electoral del Distrito Metropolitano de Quito que se requiere oficialmente, que es de unas 200.000) para promover la inclusión de la Consulta Popular sobre todas las formas de minería metálica en las elecciones de febrero de 2023.
El Distrito Metropolitano de Quito alberga la reserva de la biósfera ecuatoriana Chocó Andino de la UNESCO, hogar del amenazado oso andino de anteojos, uno de los últimos bosques que quedan en Quito. Con una superficie de 286.805 hectáreas, el Chocó Andino representa el 83% del Distrito Metropolitano de Quito y constituye el pulmón de la capital ecuatoriana. La región también cuenta con un importante patrimonio cultural, especialmente de los pueblos indígenas Yumbo, KituKara e Inca.
A pesar de su vital importancia, la región se encuentra bajo la inminente amenaza de las concesiones mineras metálicas.
Actualmente, se han otorgado 12 concesiones de minería metálica que ocupan 17.863 hectáreas y otras 6 concesiones están en proceso, ocupando 9.899 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Chocó Andino.
El desarrollo de actividades mineras en zonas tan sensibles como el Chocó Andino puede tener impactos ambientales y sociales muy graves que podrían afectar permanentemente a la biodiversidad y al territorio.
‘Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la campaña en curso de Acción Ecológica “Quito Sin Minería” para realizar una Consulta Popular sobre todas las formas de minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito (MDQ) y la región del Chocó Andino.’
‘Estamos atentos al proceso de recolección de firmas. Ya hemos recibido reportes de funcionarios del municipio que impiden la recolección de firmas, ya sea no permitiendo que la campaña Quito Sin Minería instale puntos de recolección o desalojándolos por completo de los espacios públicos.
Es fundamental que los habitantes de Quito puedan decidir por sí mismos si apoyan o no los proyectos de minería metálica en su territorio. El derecho de los habitantes de la región, recogido en la Constitución ecuatoriana (artículo 104), a participar en los asuntos de interés público y a ser consultados, debe ser respetado y reconocido. A partir del 19 de octubre la campaña entra en la fase crítica de validación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE debe respetar y validar el proceso democrático, provocando la inclusión de la Consulta Popular en las próximas elecciones de febrero de 2023.’ (foto: Infórmate Pueblo)Catapa
Hasta aquí esta misiva GUIDO DE SCHRIJVER