N° 119: 10 de abril de 2019

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para dar seguimiento a la carta anterior (# 118) sobre la Asamblea General de la Red EU-LAT celebrada en Bruselas el 2 y 3 de abril.

            Aquí les informo sobre un tema muy importante que tratamos:

 ‘Los derechos humanos y empresas en el marco de las relaciones de la Unión europea y América Latina.

            Desde los años 70 las organizaciones y movimientos de la sociedad civil han estado pidiendo la adopción de regulaciones internacionales vinculantes para las empresas internacionales. Un disertante nos dio algunas nociones al respecto. En primer lugar señaló un contraste entre la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra política pública, comercio, inversión, cooperación al desarrollo, que es regulada por una ley internacional por un lado y por el otro la obligación de los estados para proteger las actividades del sector privado.  En la práctica vemos que las empresas, sobre todo las trasnacionales, cometen abusos contra los derechos humanos. En realidad las trasnacionales tienen derechos pero no obligaciones. Las políticas públicas así lo permiten. La impunidad reina por todos lados. No es fácil para los estados, si quisieran, controlar la situación al respecto.  Pues existen oscuras redes de inversión que dificultan la rendición de cuentas de actores involucrados. Aquí hablamos de empresas, bancos, holdings, financiadores, agencias, pensiones, bancos de desarrollo que están entre ellos entrelazados. Quién es responsable de qué?

           

            De manera que hasta la fecha las principales normas vigentes adoptadas son meramente voluntarias y no se ha logrado la protección efectiva requerida de los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas por actividades comerciales, especialmente de carácter transnacional.

            Tras el intenso apoyo realizado por un gran grupo de actores de la sociedad civil, el Consejo de  Derechos Humanos de la ONU adoptó en 2014 una resolución que crea un Grupo de Trabajo  Intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas trasnacionales con respecto a los derechos humanos.

            Durante las tres primeras sesiones, de 2015 a 2017, este grupo de trabajo discutió el contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro tratado.       En 2018 las negociaciones conversaron sobre la base de un borrador, presentado por el presidente del grupo de trabajo.     La sociedad civil ha estado muy activa durante todo este proceso. 

La Unión europea.

            La Unión europea no estaba a favor de disposiciones vinculantes. Al menos al principio su comportamiento era perturbador, incluso atacando el proceso.  Ahora su enfoque va más en dirección de los principios de la ONU de 2011. Ahí se habla de tres ejes: proteger a la población de los efectos adversos, respetar los derechos humanos y un remedio para las víctimas de eventuales violaciones. Pero otra vez más estos principios son voluntarios.  Y la experiencia nos enseña que medidas voluntarias no funcionan.  Vemos que empresas ‘con alto grado de responsabilidad social empresarial‘ están implicadas en abusos de derechos humanos.

Incluso cuando los estados desean proteger a los defensores de derechos humanos del impacto adverso de las actividades corporativas, estos esfuerzos pueden verse socavados por las obligaciones que los mismos estados tienen desde hace años ante las leyes de comercio e inversión que sí son vinculantes, sólidas y detalladas. En cambio los instrumentos de derechos humanos destinados a proteger a personas y pueblos afectados contra las vulneraciones y delitos corporativos siguen siendo hasta la fecha muy vagos y no vinculantes. 


EU-LAT  está elaborando un documento con las estrategias y acciones concretas que vamos a manejar en el trabajo al respecto. 

Hasta aquí esta misiva                                                                          

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA  

N°118: 5 de abril de 2019

 

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información sobre las actividades de la Red EU-LAT. Como ya saben se trata de una red que abarca unas 40 ONG y comités  de diez países de la Unión Europea y concentra su trabajo en la incidencia política ante la Unión europea en cuanto a sus relaciones con América Latina.

            La Red europea de Comités Oscar  Romero es miembro de esta instancia de incidencia.

Dos veces al año nos reunimos en Asamblea General en Bruselas. Luego están el Consejo de Adminstración y grupos de trabajo (por temas: 1) Defensores de Derechos Humanos, 2) Recursos Naturales y 3) Violencia (sobre todo contra las Mujeres). Nos reunimos a nivel digital y por Skype varias veces al año.

Resolución en el Parlamento europeo sobre Guatemala

            Dada la situación de crisis en el país y ante el acercamiento del cese de la actual composición de eurodiputados y la inminencia de las elecciones europeas en el mes de mayo para una nueva composición del Parlamento nos esforzamos cada organización miembro de EU-LAT para acercarnos a los eurodiputados actuales de nuestros países respectivos para que ratificaran una resolución en torno a la crisis en Guatemala.

            Con satisfación pudimos constatar que hubo tal resolución y sobre todo que la gran mayoría de los elementos que aportamos y que se relacionan con  los males que aquejan al pueblo guatemalteco aparecieron en el texto final. Este fue aprobado en la plenaria el 15 de marzo.

Asamblea General

            Recién el 2 y 3 de abril celebramos nuestra primera asamblea general de 2019. Un poco más de 30 personas nos dimos la bienvenida en las oficinas de la Red en Bruselas.

            Con gran satisfacción dimos la bienvenida a la Iglesia (Luterana) de Suecia. Actualmente seis millones de personas son miembros de esta Iglesia. Mons. Antje Jackelén es la Obispa Primada. La arquidiócesis está en Uppsala. Hasta el 2000 fue la Iglesia oficial (estatal) del país.

            Ya que la lengua de trabajo de nuestras reuniones es el castellano aparecieron dos representantes de origen latinoamericano. Después de su exposición la asamblea recibió las dos mujeres con aplausos y a partir de ese momento participaron con voz y voto. 

La presencia de Suecia

            Con ello Suecia está fuertemente representado en nuestra Red EU-LAT.

            Pues ya contamos desde hace varos años con Diakonia que es una organización de cooperación internacional, basada en la fe. Fundada por iglesias protestantes en Suecia hace más que 50 años. El trabajo de Diakonia comenzó en el año 1966, cuando cinco iglesias suecas organizaron la ayuda humanitaria para las personas afectadas por una severa sequía en la India. En el año 1984 pasó a llamarse Diakonia.

            Además contamos desde hace varios años con el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), que es un movimiento de noviolencia que trabaja para la paz y la justicia. La meta es un mundo libre de violencia, ya se trate de guerras, opresión o injusticias. SweFOR hace parte del Movimiento Internacional de Reconciliación (MIR).

Hasta aquí esta misiva:  Guido De Schrijver  – SICSAL-EUROPA                                                                         

           

N°117: 5 de marzo de 2019

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de Comités Oscar Romero al siguiente llamado urgente. 

◙ ◙  VENEZUELA :  URGENTE IMPEDIR LA NUEVA GUERRA ANUNCIADA !

            Nos adherimos a un nuevo llamado público de profesores universitarios, periodistas, políticos y organizaciones residentes en Bélgica dirigido a la Unión europea.

Aquí abajo va el texto traducido al español. Por mi cuenta añadí algunas ilustraciones.

            ‘El  Presidente Donald  Trump anunció que no excluye una intervención militar contra  Venezuela. Colombia y Brasil le prometen apoyo. M. Mike Pompeo acaba de afirmar que les Estados Unidos iban “a entrar en acción”, y “que los días del Presidente Maduro estaban contados”. Estamos entonces frente a una nueva guerra que podría incendiar toda la región, mientras conocemos de sobra los resultados desastrosos de las aventuras bélicas de los Estados Unidos, – con complicidad de los países europeos – en Afganistán, en Irak, en Libia y en el Oriente medio, entre otros.

            Para evitar esta nueva calamidad humana y ecológica, y cuales sean las opiniones de unos y otros sobre la administración del país por parte del Gobierno del Presidente Maduro y sobre el estado de la democracia en Venezuela, tenemos que hacer todo lo posible para preservar la paz exigiendo el respeto del derecho internacional.

            El inaceptable embargo económico y financiero de Venezuela se acompaña de amenazas de intervención militar en violación flagrante del derecho internacional. Es preciso recordar que no les compete a países terceros, – incluyendo los Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión europea – determinar quien debe ser el Presidente de Venezuela. Los gobiernos reconocen Estados, no países, y el control del Estado venezolano está claramente ejercido por el Gobierno del Presidente Maduro. Además los Estados Unidos y la Unión europea apoyan gobiernos cuya legitimidad es mucho más cuestionable que la del Presidente Maduro.

(represion en Honduras – foto: Cubadebate)

            Es el caso por ejemplo del Presidente de Honduras, donde la reelección es prohibida por la Constitución del país y donde graves irregularidades fueron constatadas por la OEA durante las ultimas elecciones; o en Brasil, donde tuvo lugar un impeachment Express, y por lo mismo ilegal, contra la ex-presidente Dilma Rousseff, así como un proceso fabricado artificialmente contra Lula da Silva, con el fin de impedirle presentarse a las elecciones presidenciales  que hubiera ganado, de acuerdo a todas las encuestas. 

            Existen canales para reclamar el respeto de los Derechos Humanos y el mejoramiento de la democracia en países terceros. La Unión europea estaba en este proceso, pero su posición común fue revertida de manera espectacular en tres días (entre el 23 y el 26 de enero del 2019) bajo la influencia de la administración Trump que reconoció de manera temeraria al diputado Juan Guaidó  que se auto-proclamó Presidente de la Republica de Venezuela. Ninguna persona sensata puede pensar que la acción de los Estados Unidos está motivada por una preocupación sincera por los Derechos Humanos, la democracia o la situación económica y social por la que pasan los venezolanos. Las declaraciones del Sr. Bolton, Secretario de seguridad nacional del Presidente Trump,  comprueban de que se trata ante todo de apropiarse de las reservas de petróleo, de coltan, y otros metales del subsuelo de dicho país.

  (Colombia foto:teleSUR)

            La política de defensa de los derechos humanos y de la democracia de Bélgica y de la UE no puede tener credibilidad si utiliza un doble rasero.

            Al respecto sería urgente por ejemplo activar la cláusula democrática para suspender la aplicación provisional del acuerdo de libre-comercio de la UE con Colombia, considerando que hay 80.000 victimas de desaparición forzada en este país, más de 8 millones de campesinos desplazados, y que 400 miembros de movimientos sociales y más de 80 guerrilleros que han dejado sus armas han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

Juan Guaidó, del partido situado a la derecha extrema del espectro político,  “Voluntad popular”, fue elegido Diputado en elecciones organizadas bajo la administración del Presidente Maduro. Luego fue nombrado Presidente de la Asamblea Nacional. Pero esto no  lo convierte en el Presidente de Venezuela. El articulo 233 de la Constitución de Venezuela prevee que el Presidente de la Asamblea Nacional substituye al Presidente de la República en casos muy precisos; en caso de abandono del cargo, o de muerte, o de demencia reconocida por la Corte suprema. No es el caso. Y si eso ocurriera, permitiendo al Presidente de la Asamblea Nacional ser Presidente de la Republica ad interim, estaría obligado a convocar elecciones presidenciales en los 30 días, cosa que el Sr. Juan Guaidó no hizo.

            El Gobierno de Venezuela reconoce que el país pasa por una situación económica muy difícil, que afecta gravemente el bienestar de la población, debida en gran parte a la caída espectacular del precio del petróleo, y al embargo económico. La ayuda humanitaria de ninguna manera puede ser utilizada como pretexto – como lo hacen los Estados Unidos y Colombia en este momento – para desestabilizar el Gobierno del pais que se pretende ayudar. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue explicito al respecto.  Si la intención es ayudar a los venezolanos, hay que restituir a este pais los 1.600 millones de dólares robados por la cámara de compensación EUROCLEAR basada en Bruselas, (la misma que está implicada en el robo de los fondos Libios), los 1200 millones en reserva de oro pertenecientes a Venezuela sustraídos por el Banco de Inglaterra, o los más de 30.000 millones de dólares en cuentas bancarias y activos de las sociedades PVDSA y CITGO expoliados por el Gobierno de los Estados-Unidos.

            Hacemos un llamado a los demócratas belgas y europeos de todo color político, para que hagan todo lo posible y a movilizarse para evitar esta nueva guerra que sería devastadora, exigiendo el respeto del Derecho internacional y de la soberanía de los Estados, y a exigir que cese inmediatamente el embargo económico y financiero con el fin de permitir al Gobierno de Venezuela de responder rápidamente a las necesidades urgentes de su población.

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA  

N°116: 28 de febrero de 2019

Queridos/as hermanos/as, Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de Comités Oscar Romero al siguiente llamado urgente. 

◙ ◙  A solicitud de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) nos adherimos (27/02) a un pronunciamiento de organizaciones nacionales e internacionales, relacionado con la detención de 13 defensores de los derechos humanos (del río Guapinol, Tocoa) en Honduras.  (…)

(El campamento- foto:Radio Progreso)

            Estas detenciones se dan en un contexto de tensión incesante, el 7 de septiembre del año anterior se realizaron las acusaciones, de manera posterior el 27 de octubre aproximadamente 1500 policías y militares desalojaron de manera violenta el Campamento de la Resistencia de Guapinol, donde manifestantes protestaban por su derecho al agua ante el desarrollo del proyecto minero de la empresa Inversiones Pinares. Desde entonces, 31 personas han sido sometidas a proceso.  (…)

            Las comunidades han denunciado la ilegalidad de este proyecto por su afectación al Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, área protegida en la cual está prohibida la realización de actividades mineras, por el riesgo que implica para las zonas de recarga hídrica. (…)

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación al respecto por el impacto que tiene el uso malicioso del derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, y ha destacado la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y lideres y lideresas sociales.

(Policías y militares – foto CESPAD)

            Recordamos además que recientemente el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, reconoció que, en Honduras, “Los defensores y periodistas se enfrentan a acusaciones penales por su labor, la defensa de los derechos humanos y la amenaza de su uso es una práctica generalizada, con afectación particular a los que defienden la tierra y el medio ambiente, así como a los que denuncian e informan sobre las irregularidades o violaciones del Estado y de las empresas”. (…)

(Desalojo – foto           ACAFREMIN)

            Exhortamos al Estado de Honduras a que tome las medidas necesarias para garantizar los derechos de su población, y particularmente el derecho a defender derechos humanos. Tal como lo ha reiterado la CIDH, el Estado, a través de todas sus instituciones, debe “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores”.

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA