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'VERDWENEN VULKANEN'

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Situación - Conflictos sociales

Posted 30-11-16

Acuerdos de Paz

 Los Acuerdos de Paz fueron firmados en diciembre de 1996. Ahí se acordó también el problema de la tenencia de la tierra. Han pasado 20 años sin que se hubiera disminuido el conflicto agrario al respecto.

Desalojos violentos

 

            Al contrario vimos que desalojos violentos de grandes cantidades de familias pobres han seguido hasta la fecha.

En marzo de 2011 hubo una gran desalojo en la región del valle del Polochic. Fueron 769 familias colectivamente desalojadas.

Se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que  obligó al estado de Guatemala a efectuar medidas cautelares. Como no se cumplió al respecto Oxfam Intermón lanzó una campaña internacional a favor de las familias. El resultado es que en la actualidad ni la mitad de estas familias han recibido resarcimiento según las instrucciones de la CIDH.

            Nuevamente ( el 27 de octubre 2016) organizaciones civiles de Guatemala condenan la represión desatada contra los pobladores de tres comunidades de El Estor, en el departamento caribeño de Izabal, que redundó en varios campesinos heridos y detenidos, así como en viviendas quemadas.

El desalojo, perpetrado por más de mil 800 efectivos policiales contra los pobladores de Esperanza Túnico, Plan Grande y Río Sumach -mientras sobrevolaban el área  dos helicópteros militares -, respondió a una orden judicial favorable al propietario de la finca bananera El Murciélago, Miguel Ángel Arriaza.

Arriaza, también dueño de la empresa Inversiones Cobra S.A., demandó a 350 familias campesinas que presuntamente invadieron las tierras que antes se agenció en la sierra Santa Cruz para producir banano y palma africana.

Para el Comité de Unidad Campesina (CUC), este desalojo violó los derechos a la vivienda, a la tierra, a la alimentación, al territorio de pueblos indígenas, y otros, de 88 familias campesinas que procuran sobrevivir con la siembra de maíz y frijol, ante la reconcentración de la tierra para la expansión de monocultivos.

'El desalojo se llevó a cabo a pesar de que existía una mesa de diálogo entre comunidades y representantes de los finqueros, mediada por la institucionalidad agraria del Estado con el acompañamiento del CUC', puntualizó el bloque civil.

Aseguró que las fuerzas represivas del Estado prevén realizar 26 acciones similares en El Estor, quizás con el fin de justificar un Estado de Excepción o de Sitio y hasta una masacre en ese municipio, como lo hizo el gobierno de Otto Pérez Molina en otras regiones (2012-2015).

'Este hecho se une a la campaña a gran escala de criminalización y persecución en contra de nuestra organización', opinó, y sugirió que ese ataque pudo partir de grupos interesados en el Valle Polochic, vinculados al narcotráfico, al crimen organizado o al poder económico en Guatemala.

A su vez la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) denunció que 'los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante'.

'Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario', declaró.

En tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala expresó preocupación por los hechos violentos en El Estor, donde permanece el despliegue de tropas.                                                                                                    

lam/ism (Prens Latina)

 

CEMENTERA S. JUAN SACATEPEQUEZ

Publicado por comunitariapress

Por: Nelton Rivera.

El 13 de julio 2015 miles de personas llegaron a la Plaza Central para manifestarse en contra de la corrupción en el Estado, los reclamos exigían en ese momento la renuncia y cárcel para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías (presidente y vice presidenta).

Las doce comunidades maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez llegaron ese día a la Plaza durante esa jornada, también exigían el cese de la construcción del Anillo Regional y de la planta cementera San Gabriel.

En un operativo irregular agentes de la PNC y agentes de civil interceptaron uno de dos buses que trasladaban a las personas de San Juan Sacatepéquez cuando regresaban de la zona 1 a sus comunidades por la noche.

Los agentes intentaron ingresar al bus, en la sección del Peladero. En ElPeriódico se publicó que este grupo de la PNC pertenece a un estructura criminal encargada del secuestro y luego asesinato de líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, ese era su objetivo la noche del 13 de julio del 2015.

Varias mujeres sanjuaneras comenzaron a llamar por celular a diversas personas, la alarma se corrió inmediatamente, sobre el Anillo Periférico una unidad extraurbana permanecía retenida por agentes de la PNC, al lugar también llegaron fuerzas especiales antidisturbios.

Pasadas las 19 horas los estudiantes universitarios, la gente que estaba aún en la Plaza llegaron a resguardar a las personas que permanecían dentro del bus, la gente de las colonias “4 de Febrero”, “La Bethania” y otras salieron de inmediato y formaron una cadena humana alrededor de la población retenida.

De pronto uno de los oficiales de las FEPS daba orientación de cómo romperían el cerco humano, que tipo de gas usar, quienes debían tomar el control de la puerta de acceso del bus . La PNC estaba lista para ingresar al bus y desalojar por la fuerza a quienes formaban una cadena humana frente a este. Uno a uno fueron llegando los buses, las autoridades comunitarias de San Juan Sacatepequez llegaron con sus bastones de autoridad. Los jóvenes ya tenían sus rostros cubiertos y en sus miradas brillaba la indignación de una agresión más recibida.

La mediación de distintas personas no daba resultado, había quedado al descubierto una operación irregular desde una estructura de la PNC.

Finalmente los agentes de la PNC comenzaron a retroceder, metro por metro fueron desalojados por la multitud, estudiantes, pobladores, vecinos y San Juaneros.

* * * * * *

El Sistema Nacional de Diálogo y la criminalización en San Juan Sacatepéquez

 Quimy de León

Desde hace años, el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos, Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez y algunas de las personas u organizaciones que les apoyan han sido objeto de esta campaña, también formada por pasquines y documentos anónimos.

San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos

Publicado por comunitariapress

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 6-2014

Por la Convergencia por  los Derechos Humanos

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación  en San Juan Sacatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.

En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.

La  tragedia del  19 y 20,  derivó en que el  gobierno emitió el  Decreto 6-2014 que  impune estado de prevención   (primer   grado   del   estado   de   excepción)   en   todo   el  municipio   aunque   con   ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.

Los hechos:

En diversas entrevistas realizadas por   la delegación de  la Convergencia por   los Derechos Humanos, entre   las  que   se   incluye   a   familiares  de   las  personas  muertas   entre   el  viernes  19 y  sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.

El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sin  intermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad.   Los otros dos hermanos  menores de edad,  huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar.   El  Alcalde Auxiliar  al  ver  a  los  dos  niños  heridos  acude al   lugar  donde estos   le  señalan que esta  su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.

Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo,  al encontrar vehículo que los traslade,  suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino................

 

Conclusiones y recomendaciones:

• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima   de   transformación   del   conflicto   en   condiciones   de   equidad   para   todas   las   partes involucradas.

• Resultado de ese escalamiento son  los hechos  trágicos que  representaron el  asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.

• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.

• El  escalamiento de  la conflictividad pudo evitarse si  el  Estado hubiese cumplido su papel  y aportado  a  la   solución  justa  y no parcializada  de   la  problemática.  La   criminalización de   la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.

• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.

• La  tragedia del  19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus  instituciones involucradas directa o  indirectamente en  la problemática,  a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos.  En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.

• El   Estado   y   sus   instituciones   continúan   actuando   con   parcialidad   en   los   hechos.  No  hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.

• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.

• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.

• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de  los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.

• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.

• Hacer   requerimientos   de  Acceso   a   la   Información   para   determinar     con   precisión   las responsabilidades en materia de negación de auxilio.

• Investigar   los   patrones   de   comportamiento   provocador   y   estímulo   de   la   conflictividad   en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.

 

Desarrollo Rural Integral

 

Desde hace 14 años las organizaciones campesinas están luchando porque en el Congreso se trate una iniciativa de ley Desarrollo Rural Integral. Hasta la fecha esta iniciativa sigue engavetada  en el congreso. Los grandes terratenientes bloquean dicha iniciativa.

 

 

Stop The Killings

 

Cada año unas 50 organizaciones de Bélgica, entre sindicatos, ONG y grupos solidarios,  lanzan para fines del año la campaña 'Stop The Kilings.' Es una campaña contra la represión y la criminalización de líderes sindicales y activistas por los derechos humanos en Colombia, Guatemala y las Filipinas. La campaña se realizará el 8 de diciembre con una manifestación en las calles de Bruselas. Además vamos a dirigir una carta a las embajadas de los países mencionados en Bruselas.

 

Por lo que respecta a Guatemala este año hemos escogido la criminalización y la persecución contra la organización campesina CUC, y específicamente contra su coordinador Daniel Pascual. La campaña de este año cabe dentro de la gran campaña nacional y anual de 11.11. 11. con respecto a la 'Protección social' para todos.

 

En anexo les hago llegar la carta.

(No es aún la versión final, pero por ahora sirve para mayores insumos, de cómo terratenientes tratan a la población laboral)

                                                                                                                    

9 de noviembre de 2016

 

Guido De Schrijver